Lección no aprendida (Editorial)

Por CEADL el 22 Septiembre, 2016, en Análicis y Opinión

LOS TIEMPOS – Las autoridades no deberían olvidar que una de las razones de su ascensión al Gobierno ha sido su oferta de establecer mecanismos para garantizar la activa participación de la sociedad en la definición de los destinos del país
Ha causado profunda preocupación la declaración hecha por el Presidente de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) en sentido de que el Estado no realizará consulta alguna con los pobladores que viven en el área de influencia del futuro complejo hidroeléctrico El Bala, pues, a su criterio, la Constitución Política del Estado (CPE) sólo exige ese procedimiento en caso de la explotación de hidrocarburos y basta que una vez elaborado el proyecto, éste sea socializado.

Como dice el refrán popular, sólo el ser humano es capaz de tropezar dos veces en la misma piedra. Al margen de las consideraciones técnicas sobre los efectos negativos que obras de esta naturaleza provocan en el medio y de los varios artículos de la CPE que exigen un proceso de consulta en forma previa para su construcción, la traumática experiencia que el país vivió como consecuencia de la resistencia gubernamental a consultar a la población que vive en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis) sobre la construcción de un camino que, atravesando dicho parque, una a Cochabamba y Beni, debería ser suficiente para que ENDE y el Gobierno comiencen este proyecto organizando una consulta.

Además, las autoridades no deberían olvidar que una de las razones de su ascensión al Gobierno ha sido su oferta de establecer mecanismos para garantizar la activa participación de la sociedad en la definición de los destinos del país. De hecho, la Constitución que promovieron y se promulgó es absolutamente clara al respecto. Veamos algunos ejemplos:

El inciso 15 del artículo 30/II, que interpreta erróneamente la mencionada autoridad, establece, entre los derechos  de las naciones y pueblos indígena originario campesinos el de “ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.

Los incisos 14 y 16 del artículo 108, establecen como obligación resguardar “defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia” y “proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos”. El artículo 319 dispone que la “industrialización de los recursos naturales será prioridad en las políticas económicas, en el marco del respeto y protección del medio ambiente y de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y sus territorios…”. El artículo 343 señala que la “población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar la calidad del medio ambiente”.

Por último, el artículo 352 es taxativo: la “explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada (…) En las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios”.

En fin, la Constitución y los precedentes deberían servir para no volver a tropezar con la misma piedra.

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