Más deudas con China (Editorial)

Por CEADL el 12 Octubre, 2016, en Análicis y Opinión

EL DEBER – La llegada del canciller chino Wang Yi al país, la semana pasada, se transformó en la visita oficial más importante de la potencia asiática en la historia de las relaciones entre Bolivia y la República Popular China.

 

El arribo confirma la alianza estratégica que el Gobierno del presidente Evo Morales ha decidido establecer con uno de los actores más importantes de la geopolítica y la economía mundial.

Entre los principales anuncios aparece el otorgamiento de más de $us 4.800 millones en créditos para obras de infraestructura, con la idea de subir ese piso hasta los $us 10.000 millones en los próximos años. Con el último crédito comprometido por Wang Yi, la deuda bilateral con China pasará de $us 606,4 millones a $us 5.464 millones, lo que convierte a Pekín en el principal acreedor del país. El dinero será invertido en proyectos de carreteras, hidroeléctricas y otros proyectos de infraestructura, evidentemente necesarios para el desarrollo del país.

Sin embargo, vivir de deudas no es el mejor camino para una economía, menos en momentos en que bajan los ingresos productos de un contexto internacional con enormes dificultades. Además, los empréstitos firmados con China incluyen una cláusula por demás polémica: los proyectos deben ser ejecutados por empresas chinas solas o asociadas a empresas nacionales, por lo que no están abiertos a otros oferentes.
Ya sabemos cómo han terminado varios de ellos otorgados directamente a las empresas chinas, como fue el sonado escándalo desatado en la compañía china CAMC dirigida por la expareja del presidente Evo Morales. Cuando los proyectos se otorgan de forma directa, en general, caen en esquemas complejos de corrupción, con enormes costos para la sociedad que los ampara. El Gobierno de Morales ha insistido en que los créditos chinos se otorgan sin condiciones y lejos de las prácticas ‘imperialistas’ de EEUU y los organismos internacionales que, según el Ejecutivo, sometieron al país en el pasado. Uno se pregunta si la actual gestión no ha decidido cambiar una dependencia por otra, un ‘imperialismo’ por otro, con grandes costos políticos y económicos para las futuras generaciones.

Ojalá las autoridades de fiscalización del Estado, como la Contraloría General del Estado, pudieran tomar cartas en el asunto y puedan ejercer un control más efectivo sobre la plata fácil que llega desde ‘países aliados’ cuyo vínculo importante se encuentra más en la ideología que en los negocios a futuro bien administrados

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