DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO LIMITA INFORMACIÓN SOBRE EL BALA Y CHEPETE E INTERPELAN A GEODATA

Por CEADL el 24 Octubre, 2016, en Recursos Naturales

La empresa italiana ya ingresó con equipos para los estudios geológicos en la zona del Chepete, haciendo uso de helicópteros. Este sábado la UMSA organizó un taller en San Buenaventura del que participó ANF.

Nancy Vacaflor G.
Rurrenabaque, 23 de octubre (ANF).- Académicos de la Universidad Mayor de San Andrés e indígenas denunciaron que el Gobierno “oculta” información sobre El Bala y Chepete. Aseguran que los pocos datos muestran que es un proyecto “inviable” e interpelaron a la empresa Geodata que realiza el estudio de Diseño Técnico de Preinversión del proyecto.
Docentes de la UMSA, indígenas y organizaciones del municipio de Rurrenabaque y San Buenaventura participaron este sábado de un taller sobre el proyecto hidroeléctrico El Bala y Chepete que el Gobierno quiere construir con una inversión de casi 7 mil millones de dólares, entre dos parques o reservas naturales: Pilón Lajas y el Madidi.
De manera coincidente concluyeron que el Gobierno “oculta información” y que los pocos datos a los que accedieron demuestra que los megaproyectos apuntan a ser “inviables” económica, social y culturalmente.
Jorge Molina investigador de la UMSA manifestó que “en esa nube que nos ocultan la información real”, pudieron con sus colegas hacer un análisis desde diferentes puntos de vista económicos, ambientales, sociales y culturales, para dimensionar el impacto de las megaobras.
Si el Gobierno tuviera “un juego correcto no tendría por qué tener temor para dar a conocer el proyecto”, afirma el director del Instituto de Desarrollo Regional de la UMSA, Mario Salinas, quien intuye que la conclusión de los estudios “es negativa” y por eso el Gobierno no quiere socializar la información.
Acotó que la universidad está cumpliendo con su rol de estudiar y analizar las “implicancias de la idea del Gobierno” a pesar de que no hay datos, para un estudio a mayor profundidad y lamentó que las autoridades “no puedan defender su proyecto” a través del debate.
Molina precisó que  solo tuvieron acceso a la ficha ambiental y a los documentos anexos, pero no a los resultados de los “Estudios de Identificación”, porque “no han salido todavía o no están disponibles para el público”. Asimismo, cuestionó a Geodata cuyo técnico Augusto Delgadillo apareció de manera sorpresiva en el evento para proporcionar alguna información que fue observada por los docentes y por las organizaciones e indígenas de la zona.
Para Delgadillo la información que procesará es eminentemente técnica y no política e intentó explicar las actividades que realiza la empresa italiana contratada por la Empresa Nacional de Electrificación. Asimismo deslindó responsabilidad por la “gestión comunicacional” que estuvo a cargo de la empresa ATICA.
Incluso a través de los procesos de fiscalización se hace difícil el acceso a los documentos, precisó el senador beniano, Yerko Núñez, no obstante estos obstáculos, cree que la población tiene claro “que es un proyecto que se viene rechazando desde los años 1950”.
“La gente sabe que es perjudicial, que destruye la naturaleza, prácticamente está en riesgo la vida de las personas. Social, económica y ambientalmente no es viable este proyecto”, afirmó.
De acuerdo a los datos, la energía que produzca Bolivia podría tener el doble de costo del precio en Brasil, que se supone sería el principal mercado; pero además no está claro si el plan contempla la línea de transmisión de la energía; además la construcción de una carretera para la construcción de las represas.
Indígenas reclaman información
Pero los indígenas, directos implicados por los efectos que podrían causar estos proyectos, tampoco tienen información. Pedro Macuapa es poblador de San José Uchupiamonas, ubicado en medio del Parque Madidi, y dice “que el Gobierno hasta ahora no ha presentado su plan”.
Pese a la poca información, se anima a ser taxativo. Dice que las represas van a “romper toda una visión de los pueblos indígenas” que habitan en el lugar, de su armonía con la naturaleza y la concepción del destino como ecoturismo sustentable.
“Los turistas no van a venir a ver un río artificial, con una estructura de cemento en el medio”, dice Valentino Luna, indígena de San Miguel del Bala.
“Nosotros no creo que aceptemos nada del Gobierno, hemos tomado una decisión que es declarar al área como sitio sagrado”, acotó Luna y dijo que hasta la fecha “el Gobierno no ha venido todavía a informarnos”.
Interpelación a Geodata que ya ingresó a la zona
Las autoridades de la Empresa Nacional de Electrificación (ENDE), del Ministerio de Hidrocarburos y del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas fueron invitadas en La Paz y en San Buenaventura para presentar los alcances del proyecto, pero en ninguna de las dos oportunidades asistieron, bajo la excusa de no contar con tiempo.
El director del IDR manifestó que en persona envió una nota a la ministra Alexandra Moreira para acudir al taller en San Buenaventura, pero “no vino” a pesar de que es obligación de las autoridades del Estado acudir a estos espacios, reclamó Salinas.
A falta de estas autoridades, se presentó el técnico de la empresa italiana Geodata, Augusto Delgadillo, quien dijo que tenía limitaciones para responder a todos los cuestionamientos de los habitantes y de los docentes, pero reconoció el derecho que tiene la población a estar informada.
Geodata realizará el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión del Proyecto Hidroeléctrico El Bala, en base a un Estudio de Identificación y una ficha ambiental, para evaluar la factibilidad de hacer o no el proyecto.
Delgadillo informó a ANF que ya existe un equipo de trabajo de la empresa para realizar los estudios geológicos, empezaron en la zona del Chepete y posteriormente bajarán hacia El Bala.
“Ya se ha iniciado los trabajos de geología (…). Son maquinarias grandes pero respetan todo el componente ambiental, si han ingresado en helicóptero para no  allanar su ecosistema en su traslado, lo único que tienen que hacer es perforaciones de diamantina”.
Manifestó que no pueden retirar sus equipos, ante las advertencias de las comunidades indígenas que dieron un plazo para que Geodata se retire de la zona.
“No se pueden presentar amenazas porque lamentablemente eso es más un carácter, porque se tienen todos los permisos del Sernap de las instancias competentes para hacer los estudios que no afectan sus derechos territoriales”, afirmó el técnico.
Precisó que era competencia del Servicio Nacional de Áreas Protegidas socializar las fichas ambientales a todas las comunidades además de las actividades que se iban a realizar en la zona. “Aparentemente hay gente que no sabe”.
/NVG
Tomado vía: ANF

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